La Plataforma por un centro para la paz y la memoria continuará luchando para que se mantenga la cúpula de la cárcel de Carabanchel

El mismo día que dieron comienzo los trabajos de demolición, la Plataforma por un centro para la y la memoria en la cárcel de Carabanchel, integrada por Asociaciones vecinales, organizaciones de defensa de la memoria histórica de la lucha antifranquista y personas de diversos ámbitos sociales y culturales, se reunió para establecer un calendario de movilizaciones para evitar que el Ministerio del Interior prosiga con su plan de enterrar para siempre uno de los símbolos más importantes de la represión franquista y mantenga la cúpula y parte de la estructura central de la cárcel de Carabanchel.

La Plataforma considera que la carta enviada el día 20 de octubre por la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, y que hoy ha hecho pública a través de los medios de comunicación, no es más que una maniobra para crear confusión ante el gran número de adhesiones que tiene la propuesta de la Plataforma, entre las que cabe destacar la del Defensor del Pueblo, la de centenares de personas relacionadas con el mundo de la cultura, la política, el sindicalismo, la investigación y la universidad que se dirigieron por carta al Presidente del Gobierno el pasado 17 de septiembre sin que hasta la fecha hayan obtenido contestación o la de relevantes dirigentes socialistas como Luís Solana.

La Secretaria General perdió ayer toda la credibilidad al negar el inicio de las obras de demolición, cuando eran evidentes los primeros trabajos de las grúas, y al argumentar en su carta que los informes técnicos que posee niegan la posibilidad de rehabilitar el edificio de la cárcel, cuando el Colegio de Arquitectos de la Madrid, en su informe emitido el pasado 17 de octubre, afirmó que “técnicamente el edificio puede ser conservado, restaurado o rehabilitado en su totalidad, o en sus partes más significativas”.

La oferta de la señora Gallizo de ubicar un monumento, una plaza y un centro de investigación de la memoria democrática, es la misma propuesta que ya estaba incluida en el protocolo de intenciones firmado el 16 de junio entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Madrid, y es contraria a mantener la estructura central de la prisión. Consideramos que la represión sufrida por el pueblo español a lo largo de casi 40 años, requiere que se le dedique un espacio físico para su recuerdo que no puede ser sustituido por una placa, un monumento o una mención en el nombre de las calles de los más de 650 pisos que el Ministerio quiere construir en la cárcel para obtener plusvalías a través de especular con el suelo público.

La Plataforma acordó emprender acciones legales contra la concesión, por parte del Ayuntamiento de Madrid, de la licencia de derribo en tiempo record, y dirigirse al Ministerio de Cultura para que se pronuncie sobre la declaración de Bien de Interés Cultural que fue presentada por la Plataforma el pasado mes de julio. Se está preparando un escrito para entregar en el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional e informar al juez Garzón sobre el inicio de la demolición de la cárcel a pesar de la solicitud de información incluida en su auto de 16 de octubre en las diligencias previas del procedimiento por el que investiga los crímenes de la dictadura.
Otra de las decisiones adoptadas fue mantener las visitas guiadas todos los domingos a partir de las 12 de la mañana. Estas visitas cambiarán su carácter ante la prohibición de permitir la entrada a los vecinos al interior de la prisión. Las visitas aumentarán el contenido cultural e histórico y se complementarán con un recorrido visual para contemplar en todo su esplendor la potencia arquitectónica del edificio.

Además, la Plataforma apoyará la manifestación convocada para el próximo 8 de noviembre por la Coordinadora Vecinal de Latina y las Asociaciones de Vecinos de Carabanchel Alto y Parque Eugenia de Montijo bajo el lema “No a la especulación, todos los terrenos de la cárcel para equipamientos sociales”, donde se exigirá que se tenga en cuenta la propuesta vecinal que contempla la construcción de un hospital de gestión pública, una residencia para los mayores y equipamiento universitario, además de mantener parte de la estructura central de la cárcel y su cúpula para la construcción de un centro para la paz y la memoria.