Pasaban unos minutos de las ocho de la noche del 25 de octubre de 2008. Los servicios de urgencias de Madrid comienzan a recibir numerosas llamadas de vecinos asustados. Algo grave parece haber sucedido en el recinto de la cárcel de Carabanchel. A pesar de que ese día era sábado y que ya hacía un buen rato que era noche cerrada, las dos enormes máquinas encargadas de demoler urgentemente la cúpula de Carabanchel se encontraban trabajando simultáneamente en el derribo de dos pilares.
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Súbitamente ambos pilares colapsan arrastrando en su caída las dovelas que los unían al siguiente par de pilares y la parte del casquete de la cúpula que soportaban. El estruendo es enorme. Los vecinos que han escuchado el estrépito, creyendo que ha se ha producido una tragedia, llaman a Emergencias. Por fortuna, el desplome no atrapó a ningún trabajador ni afectó a las máquinas demoledoras.
Ante el despliegue de efectivos de Emergencias, Instituciones Penitenciarias emitió un comunicado afirmando que “no ha ocurrido ningún percance” y que las tareas “se desarrollan con normalidad”. Ningún comentario al hecho de que el suceso ocurrió en la noche del sábado al domingo cuando tanto el Proyecto de Demolición como el Convenio laboral de la Construcción indican que el horario semanal de trabajo termina a las 18:00 horas del viernes.
A pesar de personarse en el solar varios delegados sindicales especializados en salud laboral y seguridad y de presentarse una demanda en la Inspección de Trabajo, las irregularidades continuaron los días siguientes: nuevamente se prolongaron más allá de las seis de la tarde –y de noche- las operaciones de las máquinas, se produjeron visitas de personas que no llevaban el equipo adecuado (equipo de grabación incluido) mientras se desarrollaban los trabajos, se pudo ver a operarios sin protección tanto para el ruido como para el polvo trabajando junto a máquinas en funcionamiento, otros conduciendo las excavadoras con la puerta de la cabina abierta, se produjeron notables emisiones de polvo que afectaron tanto al parque infantil próximo como a los visitantes y funcionarios de la inmediata comisaría de policía sin que se tomase ninguna medida para amortiguar ese hecho, se tiene constancia de cómo algunos operarios se encontraban encaramados a la máquina trituradora de material junto a la tolva en la que se volcaban los escombros… Todo esto formaba parte de la «normalidad». Por fortuna, no se tiene información de ningún accidente.
Pero todo ha cambiado. Bueno, todo no; las circunstancias son muy similares: una nueva obra promovida por Instituciones Penitenciarias adjudicada a la misma empresa que demolió Carabanchel (y ya son tres adjudicaciones similares –la anterior fue el derribo de la prisión de Huesca-) y con un incidente ocurrido más allá de la finalización del horario laboral, también de noche cerrada.
El pasado 2 de marzo, pasadas las 20:00 horas, se produjo una violentísima explosión en las obras de construcción de la nueva prisión de Ceuta. Según se confirmó a los servicios informativos, el estallido se produjo en el proceso de destrucción del explosivo sobrante ese día. Como consecuencia, hubo diez heridos (ocho trabajadores y los dos miembros de la Guardia Civil que custodiaban la zona). Varios de ellos sufrieron amputaciones de miembros y uno de ellos, trasladado urgentemente a Cádiz, está en estado crítico.
Nuevamente se produce un incidente fuera del horario laboral y cuando ya ha caído la noche. La prensa navarra añade que «las adversas condiciones meteorológicas así como la oscuridad pudieron ser dos de las causas principales del accidente».
Por supuesto que no somos especialistas en el tema pero que sobren 450 kilos de explosivo –se estima que en los atentados del 11M en Madrid se emplearon unos 142 kilos- al finalizar la jornada no parece indicar que sean muy acertados los cálculos de los técnicos (según informa la prensa local, el explosivo debe ser distribuido diariamente y el sobrante ha de ser obligatoriamente destruido al finalizar la jornada). Tampoco parecen adecuadas las normas de seguridad cuando, además del artillero encargado de la destrucción de tan peligroso elemento, se ven afectados otros siete trabajadores y dos agentes que se encontraban en el interior de su vehículo. Y ¿qué decir de la hora en que ocurrió?
Lamentamos profundamente esta tragedia. Pero ¿habría ocurrido si Instituciones Penitenciarias hubiera analizado lo que sucedió en Carabanchel y hubiera sido rigurosa en el cumplimiento de las normas de seguridad exigibles a la empresa adjudicataria? Una administración pública, y más si pertenece al Ministerio del Interior, no puede comportarse como un señorito latifundista que encarga un trabajo al capataz de su finca y “pasa” totalmente de las condiciones que ese capataz impone a los jornaleros a su cargo.
Claro que para que eso ocurriera los directivos de esa institución deberían tener una cierta sensibilidad social. Y el derribo de Carabanchel fue el ejemplo claro del nivel de sensibilidad social que tienen.
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