Todos los edificios históricos de la antigua cárcel de Carabanchel han sido reducidos a polvo.

Permanece todavía en pie el pabellón del antiguo Hospital Penitenciario, actualmente destinado a Centro de Internamiento de Extranjeros (C.I.E.), en el que se priva de libertad, de nuevo hoy, a inocentes que no han cometido delito alguno: los inmigrantes sin papeles.

Por ello, nuestra Plataforma, en coherencia con su planteamiento y tras la desaparición del resto de los edificios, exige al Gobierno que destine esta dependencia para el Centro de la Memoria que solicitamos.

lunes, 7 de julio de 2014

Sí hay dos Españas (Tribunal Supremo <> Carabanchel)

El pasado miércoles publicábamos la nota de prensa distribuida por la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto [una de las entidades que forma parte de nuestra plataforma] en la que se lamentaban de la desestimación, por parte del Tribunal Supremo, de la Alegación que presentaron ante esa Corte al considerar excesivo el importe de 4.000 euros impuesto en concepto de "Tasas por los honorarios del Abogado del Estado que actúo en defensa de la Administración" (*).

La respuesta del Tribunal Supremo, conocida ahora, insiste en que la minuta presentada por la Abogacía del Estado resulta conforme con los criterios del Colegio de Abogados de Madrid y resuelve "Desestimar la impugnación [...] al NO RESULTAR EXCESIVOS LOS HONORARIOS DEL SR. ABOGADO DEL ESTADO".

Pero no sólo les parece ajustado que la Abogacía del Estado [cuyo funcionamiento ya pagamos entre todos los ciudadanos] cobre esa ¿desmesurada? cantidad por actualizar y reenviar un escrito. Es que, aunque, aparentemente, no haya intervenido para nada en este último proceso, imponen [a los vecinos de Carabanchel] el pago adicional "de un importe máximo de 200 euros, en concepto de HONORARIOS DEL SR. ABOGADO DEL ESTADO".

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La casualidad ha hecho que hoy hayamos conocido, a través de www.cadenaser.com, la noticia de que el anterior presidente del Tribunal Supremo, don Carlos Dívar, "que dimitió hace dos años por el escándalo de sus viajes a costa del Poder Judicial" según afirma la citada web, mantiene a su servicio quince escoltas y un coche oficial, con un coste estimado de 385.000 euros anuales que, por supuesto, también pagamos entre todos los españoles.

Pincha en la imagen leer la noticia completa en www.cadenaser.com

Leyendo esta noticia, nos permitimos sugerir a dicha personalidad (perdón, pero no sabemos que tratamiento de respeto debemos aplicarle) que, en uno de sus viajes en ese coche oficial, se haga acompañar por algún magistrado en activo y se dé una vuelta por Carabanchel.

Podrán comprobar así las dificultades que los súbditos tenemos para trabajar y atreverse a calcular cuantas semanas de esfuerzo emplearíamos en conseguir 4.200 euros. 

Tal vez así, reflexionen sobre si -para la otra España- son excesivos o no "los honorarios del Sr. Abogado del Estado".

(*) La actuación de la Abogacía de Estado ante el Tribunal Supremo no se llevó a cabo en el proceso de una complicada causa. Se limitó a la presentación de un escrito en el que reiteraba lo expresado en otro comunicado anterior dirigido en su día a la Audiencia Nacional. En el contenido de ese comunicado se negaba "interés directo o legítimo" del colectivo vecinal para recurrir la decisión de la Agencia Española de Protección de Datos [de archivar la denuncia del abandono de documentos personales tras el cierre de la cárcel de Carabanchel]. 

La sentencia de la Audiencia Nacional recogió plenamente los extremos planteados por la Abogacía del Estado y, SIN ENTRAR SIQUIERA A ESTUDIAR LOS HECHOS DENUNCIADOS, rechazó que la asociación ciudadana tuviera "derecho subjetivo o interés legítimo a que la Institución [Penitenciaria] pueda ser considerada infractora".

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