¿Y SI LA VERDADERA CAUSA DEL DERRIBO DE CARABANCHEL –y de cómo se hizo- FUERA UNA PATALETA DE LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO?
Ayer lunes, los medios de comunicación se hacían eco de la intervención de José Antonio Martín Pallín, Magistrado del Tribunal Supremo, en el marco de las II Jornadas Políticas de Memoria, celebradas en Madrid y organizadas por la Fundación Contamíname y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
En relación con la imputación de Baltasar Garzón, Martín Pallín asegura que “el furibundo ataque y descalificación del juez Garzón […] se deriva de un cabreo de la ex vicepresidenta primera, que dice «¿Qué se ha creído el juez Garzón? Se han acabado las garzonadas, y si se ha creído que se va a cargar la Ley de Memoria Histórica se va a enterar»”.
Es decir, según el conferenciante, María Teresa Fernández de la Vega , entonces Vicepresidenta del Gobierno, se irritó profundamente por la iniciativa del juez Garzón de abrir la causa de los crímenes del franquismo. Hay que recordar que fue la vicepresidenta del gobierno una de las promotoras de la Ley 52/2007 (Ley de Memoria Histórica) y que frecuentemente se quería hacer pasar por una persona próxima a los actos y movimientos relacionados con nuestro pasado, llegando incluso a ser componente de la Comisión de Honor de la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales. Por eso, asumía la Ley 52/2007 como propia y se sentía orgullosa de la misma.
Entonces, llega Garzón, y obviando SU ley, abre una causa que, de haber podido ser completada, habría demostrado la inutilidad de la norma. Como consecuencia, Garzón cae en desgracia.
Y todo esto, ¿qué tiene que ver con Carabanchel?
Pues habría que recordar que Garzón, en el Auto del Juzgado Central de Instrucción número 5 declarándose competente de la causa por los crímenes del franquismo, ante la solicitud de suspensión cautelar gubernativa del procedimiento de adjudicación de las obras de demolición de Carabanchel, había recabado información a la Secretaría de Estado para la Seguridad del Ministerio del Interior.
Igualmente, la presentación y discusión de la PNL 161000492 en el Congreso de los Diputados por parte del Grupo Parlamentario ERC-IU-ICV hizo que el PSOE, redactor e impulsor del texto legal de la Ley de Memoria Histórica cayera en la contradicción de defender públicamente el derribo total de la prisión.
Por otro lado, el repercusión mediática provocada por las personas y asociaciones que pretendíamos la conservación de una mínima parte del complejo penitenciario dejaban en evidencia que su partido (y ella misma) no estaba por la labor de mantener el recuerdo de Carabanchel, algo que echaba por tierra sus intenciones de pasar al futuro como la defensora de la causa de la memoria histórica.
Todos estos acontecimientos suceden en octubre de 2008. Si, como afirma el Magistrado, la Vicepresidenta “se cabreó”...
¿Es descabellado pensar que quisiera dejar claro quien mandaba, reduciendo a polvo Carabanchel?
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